500 personas imputadas de la LUC

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Ministerio del Interior: hay 500 personas imputadas a partir de delitos y agravantes contenidos en la LUC. Esas detenciones y varios instrumentos de gestión policial están en riesgo por eventual referéndum, dijo el director Luis Calabria. El debate por la Ley de Urgente Consideración ya comenzó a cobrar forma en el sistema político uruguayo.

Calabria dijo que “al menos 500 personas han sido imputadas por delitos o agravantes creadas” en la LUC. Estos números incluyen a mayores de edad y también a menores.

Si la LUC se derogara -dijo Calabria- esos 500 delincuentes se beneficiarían. Y agregó: «Ese número obviamente se irá incrementando con el paso del tiempo». Uno de los artículos que se busca eliminar a través del eventual referéndum es el número 50, que le da potestad a la Policía para detener a una persona que no pueda identificarse con su cédula de identidad.

Según el funcionario, «se despojaría a la Policía de instrumentos fundamentales para luchar contra el delito, los que han permitido cambiar el paradigma”.

Días atrás, también el ministro del Interior Luis Alberto Heber habló sobre la utilidad de la LUC en el reciente combate al delito.

En ese sentido, dijo que se “atraparon asesinos” tan solo pidiendo la cédula.

“Se pretende derogar un instrumento sensato”, opinó

Calabria añadió sobre este punto: “Si se deroga la ley, un inspector de tránsito de una intendencia tendrá más facultades para pedir documentos que el policía que tiene que prevenir delitos”, sostuvo Calabria.

Otro de los artículos de la ley que se busca eliminar, y que para el Ministerio del Interior ha sido clave para “mejorar la investigación” policial, es el 21, que permite la declaración voluntaria de un detenido en sede policial.

Calabria recordó que con el Código de Proceso Penal (CPP) se había quitado esa posibilidad (de la declaración voluntaria en sede policial).

«Era algo que había que corregirlo”, explicó. Este artículo es “fundamental” porque hace que la Policía le dé mejores elementos a la Fiscalía en el marco de la persecución criminal.

Le lectura política de Calabria sobre el referéndum es que sus impulsores quieren derogar los cambios que «la mayoría de la gente votó en noviembre de 2019”.

En ese sentido, defendió «el derecho del gobierno» a aplicar su política de seguridad, la cual está plasmada en gran parte en la LUC”.

“Tiene el derecho, tiene la responsabilidad y tiene la obligación llevar adelante la política que se prometió y que la mayoría de gente votó”, concluyó. El País hace un recorrido por los delitos que se crearon a través de la LUC y podrían derogarse. Y de las repercusiones que puede tener en la visión del sindicato policial.

Resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial. Son dos delitos que fueron creados con la LUC y para el Ministerio del Interior tienen un significado importante: que la Policía se sienta más respaldada a la hora de salir a la calle a combatir la delincuencia.

Ambas figuras son apoyadas por el sindicato de funcionarios policiales de Montevideo (Sifpom).

El abogado del gremio, Andrés Ojeda, indicó a El País que hay artículos de la LUC que “no solo implican un respaldo, sino que materializan reclamos históricos del sindicato”. Esta es una de las razones, dijo, por las que el gremio no juntó firmas a favor de la derogación.

Para Calabria las dos figuras creadas por la LUC -la resistencia al arresto y el agravio a la autoridad policial- “han marcado un importante apoyo simbólico y material a la Policía”.

“Lo que se hizo con la LUC fue devolverles el respeto por su rol en la sociedad. Del mismo modo con el artículo 1º, que establece la legítima defensa presunta. El policía es la ley actuando, es el soporte de la ley y por tanto el Estado debe respaldarlo y cuidarlo”, agregó.

Otro de los artículos de la LUC que la Comisión quiere derogar y el Ministerio del Interior considera fundamental, es el 74. “Tiene como base un proyecto de ley de Larrañaga de 2016, donde se agrava la pena en caso que se use un hogar para venta de droga”, explicó Calabria.

El funcionario dijo que al no tener la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos contra “las bocas de pasta base en hogares” se recurrió al agravamiento de penas. “Tienen la falaz lógica de que hay que tolerar el narcomenudeo”, se quejó.

Todo comenzó cuando la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) elevó un informe a la Suprema Corte de Justicia alegando que existe un “incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones”.

El dato fue publicado la pasada semana por el semanario Búsqueda y recogido por el informe de El País.

El organismo emitió luego un comunicado informando que resolvió remitir una copia del informe a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Por otra parte indicó que pretende “que especifique si se han relevado casos concretos”.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se manifestó en rueda de prensa sobre el tema y dijo: “Sería bueno estar informado sobre cuáles son los abusos, pregunté en Fiscalía y no hay denuncias». 

Se trata de una lucha con respecto a la ley de urgente consideración. 

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